La economía política

Mario Luis Fuentes

Lunes 25 de agosto de 2008

México vive en un extravío de proyecto y de visión de largo plazo. Los intentos más recientes para evitarlo no han pasado de meros ejercicios retóricos basados más en frases efectistas que en propuestas sólidas con evidencia científica, por un lado y, por el otro, en una dimensión clara de país y de los significados que transporta la idea de la nación. En este extravío, se han soslayado los ideales y renunciado a la posibilidad de imaginar nuevos referentes y significados, para dotar a las instituciones de capacidades con el fin de avanzar al pleno cumplimiento de los derechos humanos y sociales de los mexicanos.

No hay duda de que nuestro principal saldo se encuentra en lo social y, sin embargo, ha sido el ámbito con menor énfasis en los debates públicos recientes. En efecto, se sigue percibiendo a lo social como “la imagen positiva” del gobierno; considerando que lo importante está en la generación de la infraestructura física para que, por sí sola, ésta y el mercado logren generar los empleos y la dinámica económica necesarios para lograr mejores niveles de vida.

Esta visión es equívoca, pues la concepción sobre qué políticas y qué estructura programática se requiere para superar a la pobreza y la desigualdad, debería estar antecedida por la pregunta de qué instituciones y marcos jurídicos deben orientar y regular a los gobiernos.

De ahí la importancia de pensar nuevamente estos problemas desde la perspectiva de la economía política. Cuando Marx escribió su Contribución a la crítica de la economía política, no sólo aportó elementos imprescindibles para la comprensión del funcionamiento del sistema económico de su tiempo, sino además consolidó un diseño conceptual que valdría la pena rescatar para pensar nuestra época y nuestras dinámicas sociales y económicas.

Sí, Marx contribuyó a subvertir el “orden del discurso” de los liberales, principalmente de Smith y Ricardo y, desde la dialéctica, nos permitió percibir que el funcionamiento del capital tiene poderosos anclajes en la política y en el poder del Estado. Si se asume esta tesis, bien valdría la pena discernir si el retiro que ha habido de la política en las decisiones económicas fundamentales para el desarrollo no es uno de los mayores problemas que enfrentamos.

Es cierto que el desempeño de las instituciones económicas actuales requiere autonomía con respecto al “voluntarismo” de los gobernantes y que hay ámbitos que no pueden estar sujetos al arbitrio de la percepción de los gobiernos. Así, el control de la inflación, la movilidad del tipo de cambio, el control de la balanza comercial, entre otros, decisiones que deben estar sujetas a la evidencia científica.

Pero hay áreas estratégicas para el Estado, que no pueden dejarse o bien al libre juego de las fuerzas del mercado o cederse sin más a la inversión privada. Esto, porque el método de la economía política nos permite entender que hay ámbitos de justicia que no pueden dejarse al libre juego económico. Y estas áreas tienen relación, desde las capacidades recaudatorias hasta el control del capitalismo voraz actual.

Así, la educación, la salud y la seguridad alimentaria son tres ejemplos de espacios en los que el Estado no puede sólo llamar a la retirada. Así también, los órganos de control institucional relacionados con la competencia, la protección de los consumidores, el control de los servicios financieros o cuestiones estratégicas relacionadas con las telecomunicaciones y los desarrollos científicos, técnicos e informáticos.

Pensar a nuestro país en estos temas, desde la perspectiva de la economía política, nos obligaría a modificar estructuras institucionales y marcos jurídicos, aun en contra de los intereses de facto que hoy controlan a una buena parte del aparato público y son algo responsables, en buena medida, de la desigualdad actual.

Pensar a México desde la economía política implicaría de hecho atacar de manera frontal a corrupción e impunidad y, en ese sentido, garantizar ámbitos de competitividad para el fomento de la inversión en un clima de paz social, que hoy no puede entenderse sin garantías de seguridad pública mayores. La economía política permitiría replantear las tesis del desarrollo que hoy son dominantes y replantear el modelo de bienestar, poniendo énfasis en la generación de empleos dignos y en el fortalecimiento de un sistema de seguridad social integral para garantizar mínimos tendientes a dotar, a las personas y a sus familiares, de bienes y servicios que lleguen incluso a los ámbitos de las necesidades subjetivas y la salud mental de todos.

México no puede seguir sin rumbo y sin una noción clara del futuro y de la nación que pretendemos ser en el siglo XXI. Para ello es necesario repensarnos y la economía política, junto con otras perspectivas, pueden ayudarnos a replantearnos la pregunta fundamental que se hacen y deben plantearse constantemente los pueblos: ¿de dónde venimos y a dónde vamos?

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Posesión de armas: el otro frente de batalla.

Lo que sigue es lo social

Mario Luis Fuentes

Lunes 18 de agosto de 2008

El debate sobre la reforma energética en el Senado nos deja varias lecciones. Una, que es posible construir espacios para debatir ideas, aun de posiciones divergentes, sobre temas prioritarios para el país.

Es el segundo debate importante de los últimos años en México. El primero fue el elaborado para discutir la Reforma del Estado y que permitió plantear diversas iniciativas que ya fueron aprobadas por el Congreso.

Las dos experiencias debieran servir de base para una metodología de diálogo nacional, que abra la posibilidad con el fin de que expertos, académicos, ex funcionarios y quienes acrediten conocer materias prioritarias para el Estado, aporten elementos de juicio que fortalezcan las posiciones y los argumentos de quienes deben decidir en el Congreso y en el Ejecutivo.

Quizás una de las mayores carencias de nuestra democracia es la ausencia de procedimientos institucionalizados para el diálogo y la garantía de que las decisiones públicas se basen en el mejor argumento, y en todos los casos, en el criterio fundamental del interés superior de la nación. Y es en medio de la carencia de esos métodos, como estas experiencias toman un sentido mayor para el acercamiento de posiciones pero, sobre todo, el destrabar la parálisis de inteligencia en la que vive nuestro país.

Debe destacarse, en esa lógica, que concluidos los tiempos fijados para la Reforma del Estado, quedó pendiente una vez más discutir la cuestión social y cómo generar un nuevo entramado jurídico-institucional para la equidad, la justicia social y el cumplimiento de los derechos humanos y sociales de todos.

Sin duda, en México hay distintas visiones en disputa en torno a cuál es la visión de país en aras de lograr la inclusión, construir una nueva ciudadanía y erradicar exclusión, discriminación y violencia social. Y es en esa lógica como urge construir un método similar al usado para debatir las iniciativas de la reforma energética y plantear una profunda reforma a todo el marco jurídico de lo social.

Debe insistirse en que las leyes generales de Desarrollo Social, de Salud, de Educación y la de Planeación Democrática, deben armonizarse en sus contenidos, instrumentos y alcances y, con ellos, las demás normas relacionadas con temas prioritarios para el desarrollo del país y que van, desde la asistencia social y la prevención de las adicciones, hasta la generación de capacidades productivas y la reactivación de sectores económicos marginados.

Ante esta necesidad, debe reconocerse también que aún no sabemos cómo resolver muchos de los dilemas sociales que enfrentamos y es, en ese sentido, donde se han encontrado severas dificultades para impulsar una reforma social de largo alcance. Empero, estas dificultades deben llevarnos a un intenso diálogo nacional y al planteamiento de una comisión plural para el desarrollo de la reforma social del Estado mexicano, en la cual tengan cabida todas las visiones y las posiciones teóricas y políticas del país.

Hay suficiente evidencia empírica para asumir que, en buena medida, el desempleo, la desigualdad y la pobreza tienen sus más férreos anclajes en el entramado institucional y en el marco jurídico que le da sustento. Hay igualmente evidencia en torno a que la pobreza y la desigualdad son determinantes de la pérdida de la “competitividad-país”, del estancamiento del desarrollo humano y económico y de la imposibilidad de ampliar nuestras libertades en un marco de instituciones plenamente democráticas.

Si esto es así, no hay ningún argumento válido ni suficiente para continuar posponiendo la reforma social del Estado mexicano, la cual, me atrevo a sostener, es de igual y quizá de mayor importancia que la reforma que se está impulsando para Pemex. Esto es así, porque el desarrollo económico y el humano de México no pueden depender exclusivamente de los ingresos de la renta petrolera, sino de un sistema institucional que permita generar empleos dignos para todos, que nos den a la vez una base gravable mucho más amplia, la cual debe tener un doble efecto: la ampliación de las instituciones de seguridad social, así como un carácter redistributivo que permita reducir la desigualdad prevaleciente hoy.

Por todo lo anterior, es deseable que en el Congreso de la Unión pueda percibirse la importancia que tiene para México una reforma social de esta índole y, sobre todo, es exigible que se inicie en lo inmediato una transformación de nuestras instituciones sociales, pues nunca estará de más insistir en que nuestro futuro es lo que está en juego.
De no avanzar en esta reforma, esta Legislatura tendrá como uno de sus principales saldos negativos, el haber carecido de la visión necesaria para sentar las bases con miras a un México mucho más justo e incluyente, en particular de los más pobres y de los mayormente excluidos.

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Comunidades indígenas:el sector más desprotegido.

La crisis de la violencia

Mario Luis Fuentes

Lunes 11 de agosto de 2008

Una crisis social generada por la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, es siempre una crisis de las instituciones del Estado. Hoy vivimos una realmente profunda, porque no sólo implica que el crimen organizado ha decidido combatir frontalmente a las instituciones públicas, sino que las ha penetrado y pareciera que en muchos sentidos las ha rebasado en su capacidad organizativa y de inteligencia.

La noción de la delincuencia es, en esa lógica, antitética de cualquier concepción que se tenga del Estado. Quien delinque infringe a la ley y si esto es así viola el pacto fundamental que da origen y legitimidad a la autoridad del Estado, cuyo deber fundamental consiste en proteger a los ciudadanos y garantizar el pleno cumplimiento que el orden jurídico establece como de observancia obligatoria para todos.

Debe entenderse, en consecuencia, que la delincuencia del orden común, es decir, la que tiene como origen el conflicto entre individuos (personal, de intereses, pasionales incluso), constituye un atentado al orden social; empero, la delincuencia organizada atenta además contra el principio organizativo básico de las instituciones y del Estado. Busca socavar el orden legal e instituirse como fuente de la dominación y del ejercicio de la autoridad.

De ahí la gravedad del escenario de violencia que estamos viviendo, pues la delincuencia ha decidido salir, del ámbito de la clandestinidad, para asumir un protagonismo público de terror, en una actitud francamente hostil en contra de todas las instituciones de seguridad pública e incluso de nuestras Fuerzas Armadas.

El impacto mayor, obvia decirlo, es siempre para los más frágiles y vulnerables, pues son niñas, niños y mujeres quienes en mayor medida han pagado los costos de esta violencia que ya, puede decirse, tiene un carácter generalizado y extendido a prácticamente todo el territorio del país y con presencia en todas las esferas de la vida social.

La revelación de la encuesta recientemente presentada por la Subsecretaría de Educación Media Superior, en el sentido de que más de 40% de los jóvenes sabe que alguno de sus compañeros lleva armas a su escuela, debe tomarse como un dato sintomático de la presencia y la penetración que ha tenido ya el crimen en todos los ámbitos de la vida pública, sobre todo porque casi la mitad de los encuestados respondieron conocer a “alguien muy cercano” que consume drogas.

De acuerdo con los datos disponibles sobre violencia, un alto porcentaje de accidentes, homicidios, riñas, daños y lesiones, tanto en la vía pública como en los hogares, están directamente relacionados con el consumo de drogas, tanto lícitas como ilícitas, y se ha documentado que la violencia contra los niños, en los hogares, proviene en más de 40% de madres que en su niñez o en la juventud sufrieron violencia sicológica, sexual o física.

Con estos datos, asumir que el panorama de violencia que enfrentamos es un asunto exclusivamente delincuencial y de corrupción policiaca implica un despropósito mayor y un riesgo para todos, pues es urgente, y esto quiere decir ya, una transformación en el modelo de desarrollo con que contamos y, sobre todo, un cambio radical en lo que estamos entendiendo por el “bienestar”.

He insistido constantemente en que la violencia es un tema de la mayor centralidad en el diseño de las políticas sociales y, hoy, ni las procuradurías ni las instancias de defensa de los derechos humanos ni las dependencias gubernamentales están suficientemente preparadas para dar respuesta a un fenómeno que ya nos desbordó y exige intervenciones de alto impacto y de mucha celeridad en su eficacia, para revertir, o al menos contener, los problemas que se suscitan en torno a la violencia, las relaciones sociales y la expresión más cruda del desorden en que vivimos, que se manifiesta sobre todo en la delincuencia común y, desde luego, en sus versiones organizadas.

Hoy es necesaria una nueva política social que tenga como principales objetivos lo que he sostenido en distintas ocasiones: cohesión social, enfrentar la inequidad, lograr la inclusión de todas y todos, reducir las desigualdades regionales y las disparidades entre los individuos y formar una nueva ciudadanía que nos dé la posibilidad de cimentar un nuevo orden social alejado de la violencia, el crimen y la violación constante al Estado de derecho.

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La desigualdad se torna epidemia nacional

Inflación y la cuestión social

Mario Luis Fuentes

Lunes 04 de agosto de 2008

El gobernador del Banco de México informó esta semana las expectativas inflacionarias para 2008 y que para diciembre de este año se espera una de 6%; la cifra más alta de los últimos diez años, aunque con la diferencia de que esta vez se trata de un proceso que se sitúa en un contexto de crisis global de la economía, derivada de la económica y financiera prevaleciente en Estados Unidos.

En el análisis de lo social casi siempre se tiende a segmentar disciplinas, pero esto es meramente conceptual, pues la vida social se basa en interrelaciones que obligan a comprenderla como un todo. Así, el tema de la inflación constituye un asunto de vital importancia en relación con la cuestión social de nuestro país y en el contexto de crisis señalado, a escala mundial.

Sí, los impactos inflacionarios ya están comenzando a tener severas consecuencias para las familias más pobres porque, en primer término, la inflación constituye el “impuesto” más caro y, en videncia, uno de los factores regresivos del ingreso más severos que puede haber.

Debe considerarse, además, que por primera vez en años, la espiral inflacionaria surge en buena medida en el sector de los alimentos y ello aunado a la del sector de los medicamentos, sitúa a las finanzas de las familias de menos ingresos, pero también a las del sector público, en graves problemas de subsistencia y sostenimiento del gasto, tanto privado como público.

Según el Banco de México, son los alimentos y las medicinas los productos que en mayor grado han incrementado sus precios en los últimos dos años y a los que, proporcionalmente hablando, los pobres destinan la mayor parte de sus ingresos.

Lo mismo ocurre con la actual política de asistencia social a los pobres, cuyos programas más importantes, fundamentalmente Oportunidades y el Seguro Popular, los de mayor envergadura presupuestaria, están dirigidos a la transferencia de ingreso y al otorgamiento de subsidios para el consumo, nuevamente, en alimentos y medicinas.

Así, la economía y sus tropiezos deben darnos la oportunidad de repensar con seriedad si el modelo que hemos asumido en los últimos 30 años continúa siendo viable. La evidencia con que contamos nos arroja un rotundo “no”, por lo que es tiempo de construir una nueva dinámica económica para generar los empleos que urgen y con ello aprovechar el bono demográfico y frenar, o al menos paliar, la sangría de la migración de los millones de jóvenes que se van, frente al desempleo masivo y la desesperanza, y se llevan mucho de lo mejor que tenemos en cuanto a escolaridad, capacidad emprendedora y capacidades para el desarrollo.

En esa lógica, son muchos los cambios que deben realizarse y, por ello, urge iniciar un proceso de reingeniería social que, en un movimiento gradual, pero acelerado, nos lleve a cerrar las llamadas brechas que tenemos con respecto a los países con mayor equidad y desarrollo y que hoy comienzan a percibirse como supercarreteras que nos separan de la posibilidad de construir instituciones para la erradicación de la pobreza y la injusticia social.

El pensamiento social que sólo puede ver variables y cifras en tableros electrónicos no puede seguir considerándose como la panacea ni mucho menos el paradigma incuestionable en que intentó erigirse en la década de los 90 y que continúa a modo de “discurso casi único” en las oficinas de la “inteligencia económica de este país”.

Cuando nos golpearon las crisis económicas de los 80 y los 90, las adicciones, la violencia —tanto la del crimen organizado como la que se vive en los hogares y las calles—, la migración, el desempleo, los saldos negativos en la seguridad social, además de la crisis educativa, por citar sólo algunos ámbitos de altísima complejidad, no tenían el tinte dramático con que hoy se nos presentan.

Por ello es tan grave este periodo actual de crisis. Porque a la fractura de la solidaridad y el tejido social, se le añade el ingrediente, casi siempre explosivo, de una agudización de las carencias monetarias, que privan de capacidad de consumo a las personas, en mayor detrimento siempre de las niñas, los niños y las mujeres.

La inflación de hoy no puede ser tomada, pues, sólo como un dato económico, sino antes bien el síntoma de una severa crisis de un modelo de desarrollo que ha generado una brutal desigualdad a nivel global y en el interior de los países y que renunció a dos premisas básicas del pensamiento clásico, económico y social: la generación de la riqueza está en el trabajo y la aspiración de las sociedades debe conducir a una distribución equitativa de la riqueza socialmente producida.

El reto de hoy es tener la capacidad para imaginar, y el valor político con el fin de construir, un nuevo modelo de desempeño de nuestras instituciones, políticas, económicas y sociales, a fin de garantizar el anhelado bienestar para todas y todos.

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Discriminación: el otro enemigo.