martes, 27 de mayo de 2008
lunes, 26 de mayo de 2008
La estadística de lo social
Mario Luis Fuentes
Lunes 26 de mayo de 2008
El desempeño de las instituciones depende en buena medida de la disponibilidad de información y datos para tomar decisiones, valorar circunstancias y dimensionar la complejidad de los problemas y los riesgos sociales a que se enfrentan las poblaciones. En ese sentido, es preciso señalar que en México existe un gran cúmulo de información sobre lo social, así como una importante experiencia acumulada en los últimos 20 años en la generación de estadística básica.
Pero debe destacarse también que falta mucho por construir y la información disponible no es suficiente aún para lograr una comprensión adecuada de lo que ocurre en torno a la cuestión social. No contamos, por ejemplo, con información desagregada lo suficiente por entidades en materia de adicciones y consumo de sustancias adictivas o desnutrición y obesidad; no existe públicamente un indicador actualizado de mortalidad materna, desagregado al nivel municipal, y los datos sobre mortalidad en los municipios datan de 2005.
El Censo Agropecuario aún no ha dado a conocer sus resultados definitivos y la Encuesta Nacional sobre la Dinámica Demográfica de 2006 (Enadid) no la ha publicada el INEGI, encuesta sumamente necesaria para el conocimiento de los patrones migratorios, la composición poblacional en los estados y otros fenómenos relacionados con la movilidad y la dinámica demográfica de nuestro país.
A lo anterior debe agregarse el enorme déficit que enfrentamos en la generación de información de calidad de los gobiernos estatales y los municipales. Desde esa perspectiva, preocupa que, en distintos ámbitos, las estadísticas sociales que reportan las entidades no coinciden con la información vertida por las dependencias federales. Así, es común encontrar porcentajes de cobertura en vacunación, de cobertura y calidad educativa o de avances en índices de marginación reportados por las entidades, que no coinciden con los datos de los informes oficiales de las dependencias federales coordinadoras de Sectores.
Un caso mayor que puede ilustrar la complejidad y las dimensiones de esta problemática es la reciente corrección que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de registro de empleos, a través de la cual se detectó que se habían contabilizado más empleos formales de los que realmente se habían creado y que fueron reportados en los últimos años.
La cuestión para destacar es que el IMSS ha sido durante décadas el referente en la medición del empleo formal y, por ello, de la calidad del crecimiento económico en México y, si un error de esta magnitud pudo ocurrir en una dependencia con tal relevancia, el cuestionamiento obligado es qué está sucediendo con otros sistemas de información y si realmente podemos asumir que contamos con registros adecuados sobre nuestros problemas sociales más elementales.
En esa lógica, es importante aclarar si en efecto se trata sólo de un error de método y sistema o, por el contrario, es una estrategia de manipulación de los datos, a fin de presentar resultados a los que se pretende capitalizar políticamente.
Otro de los temas pendientes en la discusión política en México es precisamente cómo asegurar que la información de lo social no sea “dosificada” o “administrada” en función de los calendarios electorales y, en ese sentido, que no sea manipulada con fines políticos, pues lo que está detrás es la posibilidad de diseñar políticas públicas con la capacidad de cumplir con los derechos humanos y sociales de todos.
En función de lo anterior, debe decirse que la reforma social del Estado necesita pasar forzosamente por la reforma de los sistemas de construcción estadística, que abonen al pleno cumplimiento del derecho a la información que nos garantiza a todos el texto constitucional y, en esa medida, sumar a la responsabilidad que tienen los gobiernos de actuar con transparencia y apegados a estrictos criterios de rendición de cuentas.
Es un hecho, entonces, que esta realidad debe obligar a los gobiernos, en todos sus diversos órdenes, a evaluar sus sistemas de información, a conciliar datos y cifras y a avanzar hacia la construcción de criterios uniformes con miras a la generación de indicadores.
La estadística social es indispensable no sólo para la construcción de las políticas, sino con el fin de evaluar de manera objetiva y precisa avances y retrocesos. Un ejercicio de esta naturaleza corresponde a un régimen plenamente democrático y es evidente que en nuestro país este es un ámbito en el que aún hay muchos saldos pendientes de cubrir.
El desempeño de las instituciones depende en buena medida de la disponibilidad de información y datos para tomar decisiones, valorar circunstancias y dimensionar la complejidad de los problemas y los riesgos sociales a que se enfrentan las poblaciones. En ese sentido, es preciso señalar que en México existe un gran cúmulo de información sobre lo social, así como una importante experiencia acumulada en los últimos 20 años en la generación de estadística básica.
Pero debe destacarse también que falta mucho por construir y la información disponible no es suficiente aún para lograr una comprensión adecuada de lo que ocurre en torno a la cuestión social. No contamos, por ejemplo, con información desagregada lo suficiente por entidades en materia de adicciones y consumo de sustancias adictivas o desnutrición y obesidad; no existe públicamente un indicador actualizado de mortalidad materna, desagregado al nivel municipal, y los datos sobre mortalidad en los municipios datan de 2005.
El Censo Agropecuario aún no ha dado a conocer sus resultados definitivos y la Encuesta Nacional sobre la Dinámica Demográfica de 2006 (Enadid) no la ha publicada el INEGI, encuesta sumamente necesaria para el conocimiento de los patrones migratorios, la composición poblacional en los estados y otros fenómenos relacionados con la movilidad y la dinámica demográfica de nuestro país.
A lo anterior debe agregarse el enorme déficit que enfrentamos en la generación de información de calidad de los gobiernos estatales y los municipales. Desde esa perspectiva, preocupa que, en distintos ámbitos, las estadísticas sociales que reportan las entidades no coinciden con la información vertida por las dependencias federales. Así, es común encontrar porcentajes de cobertura en vacunación, de cobertura y calidad educativa o de avances en índices de marginación reportados por las entidades, que no coinciden con los datos de los informes oficiales de las dependencias federales coordinadoras de Sectores.
Un caso mayor que puede ilustrar la complejidad y las dimensiones de esta problemática es la reciente corrección que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de registro de empleos, a través de la cual se detectó que se habían contabilizado más empleos formales de los que realmente se habían creado y que fueron reportados en los últimos años.
La cuestión para destacar es que el IMSS ha sido durante décadas el referente en la medición del empleo formal y, por ello, de la calidad del crecimiento económico en México y, si un error de esta magnitud pudo ocurrir en una dependencia con tal relevancia, el cuestionamiento obligado es qué está sucediendo con otros sistemas de información y si realmente podemos asumir que contamos con registros adecuados sobre nuestros problemas sociales más elementales.
En esa lógica, es importante aclarar si en efecto se trata sólo de un error de método y sistema o, por el contrario, es una estrategia de manipulación de los datos, a fin de presentar resultados a los que se pretende capitalizar políticamente.
Otro de los temas pendientes en la discusión política en México es precisamente cómo asegurar que la información de lo social no sea “dosificada” o “administrada” en función de los calendarios electorales y, en ese sentido, que no sea manipulada con fines políticos, pues lo que está detrás es la posibilidad de diseñar políticas públicas con la capacidad de cumplir con los derechos humanos y sociales de todos.
En función de lo anterior, debe decirse que la reforma social del Estado necesita pasar forzosamente por la reforma de los sistemas de construcción estadística, que abonen al pleno cumplimiento del derecho a la información que nos garantiza a todos el texto constitucional y, en esa medida, sumar a la responsabilidad que tienen los gobiernos de actuar con transparencia y apegados a estrictos criterios de rendición de cuentas.
Es un hecho, entonces, que esta realidad debe obligar a los gobiernos, en todos sus diversos órdenes, a evaluar sus sistemas de información, a conciliar datos y cifras y a avanzar hacia la construcción de criterios uniformes con miras a la generación de indicadores.
La estadística social es indispensable no sólo para la construcción de las políticas, sino con el fin de evaluar de manera objetiva y precisa avances y retrocesos. Un ejercicio de esta naturaleza corresponde a un régimen plenamente democrático y es evidente que en nuestro país este es un ámbito en el que aún hay muchos saldos pendientes de cubrir.
lunes, 19 de mayo de 2008
La reforma educativa y la reforma social
Mario Luis Fuentes
Lunes 19 de mayo de 2008
México se enfrenta a un reto: cerrar la brecha educativa, científica y tecnológica que lo separa de los países con mayor desarrollo y equidad en el mundo, en un contexto de crecimiento económico sostenido y con generación suficiente de empleos dignos. Esta fórmula, que pareciera sumamente simple, requiere sin embargo avanzar en reformas de largo plazo en distintas esferas del entramado institucional.
En este escenario, es de destacarse la reforma que se pactó esta semana entre el gobierno federal y la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a fin de impulsar la profesionalización de los maestros mexicanos; así como fortalecer las capacidades de evaluación, mejorar la calidad de la educación y establecer nuevos criterios de contratación e ingreso laboral de los trabajadores de la educación. En esa lógica, habrá que estar atentos para que los acuerdos que hoy se han planteado logren permear en todas las estructuras y los espacios de la educación pública en México, a fin de que la reforma pueda operarse y concretarse en resultados positivos para todos.
Hay que insistir, pues, más allá de la discusión política de coyuntura, en que esta reforma es importante porque la educación constituye uno de los derechos fundamentales que la Carta Magna otorga; además de que es un “derecho habilitante”, pues da a las personas habilidades y capacidades para la vida, así como mayores oportunidades de inserción laboral y desempeño productivo.
Aun con ello, debemos considerar que, en los últimos 15 años, es la tercera vez que se habla de una gran reforma educativa y que, pese a ello, los rezagos en cobertura, aprovechamiento y calidad de la educación siguen siendo uno de los espacios de mayor desigualdad en México, los cuales se profundizan todavía más si se piensa en los contrastes existentes entre la educación pública y la privada y entre los ámbitos urbanos, los rurales y, más aún, frente al mundo indígena.
En este reconocimiento, estamos ante el desafío de asumir que la reforma es apenas un primer paso en la generación de un México mucho más justo, pues hay varias pendientes, que deberán realizarse si de verdad se quiere detonar procesos de generación masiva de empleos de calidad y de una planta productiva vigorosa, a fin de estar en posibilidad de asimilar a los millones de jóvenes que año con año se incorporan a la población económicamente activa, la cual, en las condiciones en que estamos, no ha encontrado más opciones que empleos mal remunerados, la migración irregular, la fuga en las adicciones o, lamentablemente en muchos casos, la ruta de la informalidad o la peor todavía de la criminalidad.
La reforma educativa que hoy se plantea puede servir como la plataforma inicial para un nuevo debate sobre una reforma social de gran envergadura, la cual, de ser pensada con seriedad, debiera plantearse metas específicas a 30 años cuando menos, a fin de lograr la consolidación de nuestro país como una de las principales economías del planeta, pero también de un país que, en democracia, permita a sus habitantes vivir con justicia, equidad y dignidad.
No hay nada que genere más cohesión social que tener acceso a una educación de calidad, contar con servicios integrales de seguridad social, así como la oportunidad de trabajar y obtener salarios dignos por el desempeño de actividades profesionales que permitan la realización vocacional y personal de todas y todos.
Lo anterior implica, pues, la construcción de nuevos pactos políticos que den apertura a nuevos mecanismos de inclusión: mejor reparto social del ingreso; mejores normas e instituciones; mejores mecanismos de protección social, pero, sobre todo, de una ciudadanía de mayor “calidad”, capaz de hacerse responsable del cuidado y la plena integración de todos, así como de la exigencia permanente de la vigencia de nuestras instituciones y de nuestros derechos humanos y sociales.
Hay claros ejemplos de que una reforma social de gran calado es posible: España, Finlandia e Irlanda son tres modelos sobre los que deberíamos poner más atención, pues justamente en 30 años lograron situarse entre los países más equitativos y de mayores ingresos en el mundo. En Finlandia, por ejemplo, hay evidencia de que 30% de los más ricos no percibe ingresos por arriba de 30% que los más pobres; y esto pudo lograrse gracias a un sólido modelo de Estado de bienestar, basado en una profunda reforma de sus instituciones, incluidos desde luego los sectores de la educación y del empleo.
Esa es precisamente la parte de la reforma que habrá que llevar a cabo en los próximos meses y años, pues, de acuerdo con el Banco Mundial, en México los supermillonarios obtienen ingresos 14 mil veces por arriba del promedio de ingresos nacional.
Tal realidad es a todas luces inaceptable y por ello se debe insistir en que esta reforma educativa, sin duda alguna importante, quedará trunca si no conseguimos abatir, mediante un nuevo Estado social de derecho, la profunda desigualdad que todavía hoy nos caracteriza.
México se enfrenta a un reto: cerrar la brecha educativa, científica y tecnológica que lo separa de los países con mayor desarrollo y equidad en el mundo, en un contexto de crecimiento económico sostenido y con generación suficiente de empleos dignos. Esta fórmula, que pareciera sumamente simple, requiere sin embargo avanzar en reformas de largo plazo en distintas esferas del entramado institucional.
En este escenario, es de destacarse la reforma que se pactó esta semana entre el gobierno federal y la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a fin de impulsar la profesionalización de los maestros mexicanos; así como fortalecer las capacidades de evaluación, mejorar la calidad de la educación y establecer nuevos criterios de contratación e ingreso laboral de los trabajadores de la educación. En esa lógica, habrá que estar atentos para que los acuerdos que hoy se han planteado logren permear en todas las estructuras y los espacios de la educación pública en México, a fin de que la reforma pueda operarse y concretarse en resultados positivos para todos.
Hay que insistir, pues, más allá de la discusión política de coyuntura, en que esta reforma es importante porque la educación constituye uno de los derechos fundamentales que la Carta Magna otorga; además de que es un “derecho habilitante”, pues da a las personas habilidades y capacidades para la vida, así como mayores oportunidades de inserción laboral y desempeño productivo.
Aun con ello, debemos considerar que, en los últimos 15 años, es la tercera vez que se habla de una gran reforma educativa y que, pese a ello, los rezagos en cobertura, aprovechamiento y calidad de la educación siguen siendo uno de los espacios de mayor desigualdad en México, los cuales se profundizan todavía más si se piensa en los contrastes existentes entre la educación pública y la privada y entre los ámbitos urbanos, los rurales y, más aún, frente al mundo indígena.
En este reconocimiento, estamos ante el desafío de asumir que la reforma es apenas un primer paso en la generación de un México mucho más justo, pues hay varias pendientes, que deberán realizarse si de verdad se quiere detonar procesos de generación masiva de empleos de calidad y de una planta productiva vigorosa, a fin de estar en posibilidad de asimilar a los millones de jóvenes que año con año se incorporan a la población económicamente activa, la cual, en las condiciones en que estamos, no ha encontrado más opciones que empleos mal remunerados, la migración irregular, la fuga en las adicciones o, lamentablemente en muchos casos, la ruta de la informalidad o la peor todavía de la criminalidad.
La reforma educativa que hoy se plantea puede servir como la plataforma inicial para un nuevo debate sobre una reforma social de gran envergadura, la cual, de ser pensada con seriedad, debiera plantearse metas específicas a 30 años cuando menos, a fin de lograr la consolidación de nuestro país como una de las principales economías del planeta, pero también de un país que, en democracia, permita a sus habitantes vivir con justicia, equidad y dignidad.
No hay nada que genere más cohesión social que tener acceso a una educación de calidad, contar con servicios integrales de seguridad social, así como la oportunidad de trabajar y obtener salarios dignos por el desempeño de actividades profesionales que permitan la realización vocacional y personal de todas y todos.
Lo anterior implica, pues, la construcción de nuevos pactos políticos que den apertura a nuevos mecanismos de inclusión: mejor reparto social del ingreso; mejores normas e instituciones; mejores mecanismos de protección social, pero, sobre todo, de una ciudadanía de mayor “calidad”, capaz de hacerse responsable del cuidado y la plena integración de todos, así como de la exigencia permanente de la vigencia de nuestras instituciones y de nuestros derechos humanos y sociales.
Hay claros ejemplos de que una reforma social de gran calado es posible: España, Finlandia e Irlanda son tres modelos sobre los que deberíamos poner más atención, pues justamente en 30 años lograron situarse entre los países más equitativos y de mayores ingresos en el mundo. En Finlandia, por ejemplo, hay evidencia de que 30% de los más ricos no percibe ingresos por arriba de 30% que los más pobres; y esto pudo lograrse gracias a un sólido modelo de Estado de bienestar, basado en una profunda reforma de sus instituciones, incluidos desde luego los sectores de la educación y del empleo.
Esa es precisamente la parte de la reforma que habrá que llevar a cabo en los próximos meses y años, pues, de acuerdo con el Banco Mundial, en México los supermillonarios obtienen ingresos 14 mil veces por arriba del promedio de ingresos nacional.
Tal realidad es a todas luces inaceptable y por ello se debe insistir en que esta reforma educativa, sin duda alguna importante, quedará trunca si no conseguimos abatir, mediante un nuevo Estado social de derecho, la profunda desigualdad que todavía hoy nos caracteriza.
martes, 13 de mayo de 2008
lunes, 12 de mayo de 2008
La violencia y el miedo social
Mario Luis Fuentes
Lunes 12 de mayo de 2008
Es difícil pensar en un fenómeno de mayor capacidad para alterar la cohesión de las sociedades que la violencia. En efecto, los vínculos sociales más elementales se sustentan no sólo en el llamado “instinto gregario” de las personas, sino en la capacidad de generar los mecanismos institucionales para garantizar a sus miembros seguridad frente a las amenazas externas o en el interior de la comunidad.
La existencia de la autoridad pública implica un reconocimiento de todos, a través del cual se asume que hay alguien que legítimamente pude mandar, pero, sobre todo, que hay una norma y un conjunto de reglas a las que debemos sujetarnos en nuestro actuar en relación con los demás. Este reconocimiento es el que posibilita la existencia de la autoridad legítima del Estado, así como el funcionamiento de una ciudadanía que asume responsabilidades y cuenta con derechos elementales que le deben ser garantizados.
En esa lógica debe entenderse la enorme amenaza que constituyen los niveles de violencia que estamos presenciando en nuestro país; más aún cuando esta violencia es relativamente atípica en el conjunto de las amenazas que tradicionalmente enfrentaba el Estado.
No se trata estrictamente de una amenaza en contra de nuestra soberanía; no es tampoco un intento de subversión del orden político mediante la lucha armada; no es sólo un asunto de crímenes y delitos del orden común. La lucha que hoy está enfrentando el Estado mexicano es en contra de grupos de crimen organizado cuyos recursos han conducido a la formación de células criminales con la “audacia” de enfrentar y retar incluso a nuestras Fuerzas Armadas.
Las ejecuciones están presentándose en todas partes y no hay entidad de la República en que no se hayan realizado ya actos alarmantes, incluso nunca antes vistos en pequeñas ciudades y localidades, producto del enfrentamiento, ya bien entre grupos de narcotraficantes o bien entre las fuerzas del orden y los grupos criminales.
Esta presencia generalizada de la violencia y el crimen es inédita, también, en el sentido de que su expansión obedece a dos fenómenos, los cuales nos alertan de que nuestro tejido social se está desgarrando en muchos de sus vínculos elementales, lo que debe llevarnos a la consideración de la otra parte de esta crisis: la demanda de estupefacientes y drogas de todo tipo.
Por una parte, el crecimiento acelerado del consumo de sustancias adictivas no se ha podido contener, y la edad de inicio en el uso o el abuso de drogas sigue disminuyendo alarmantemente. Esto implica una cada vez mayor demanda y, con ello, una creciente red de distribución “al menudeo” que ha llevado a personas que, muchas sí por la carencia económica, pero muchas más simplemente en el afán de obtener mayores recursos, han decidido vender droga a sus vecinos jóvenes la mayoría de ellos y que en muchos casos pueden ser sus familiares o hijos de conocidos de toda la vida.
La existencia de las llamadas “narcotienditas” habla de la impunidad y la corrupción existente en todos los niveles y órdenes del gobierno y de la ruptura de los vínculos sociales de protección y cuidado mutuo de las personas.
En este tema debe reconocerse que existe una nueva generación de drogas de diseño, de alto costo y accesibles sólo a los grupos de mayores ingresos y son éstos los que poseen mayores capacidades de corromper y de favorecer, a través del consumo, el crecimiento de la impunidad, la corrupción y la violencia social.
Del otro lado están los deudos de los policías y mandos policiacos que literalmente se están jugando todo en esta lucha. Con ellos, el Estado debe ser profundamente solidario y se requiere hoy dar mucho mayores garantías de protección, seguridad social e ingresos mínimos para sus familiares.
Es difícil pensar en un fenómeno de mayor capacidad para alterar la cohesión de las sociedades que la violencia. En efecto, los vínculos sociales más elementales se sustentan no sólo en el llamado “instinto gregario” de las personas, sino en la capacidad de generar los mecanismos institucionales para garantizar a sus miembros seguridad frente a las amenazas externas o en el interior de la comunidad.
La existencia de la autoridad pública implica un reconocimiento de todos, a través del cual se asume que hay alguien que legítimamente pude mandar, pero, sobre todo, que hay una norma y un conjunto de reglas a las que debemos sujetarnos en nuestro actuar en relación con los demás. Este reconocimiento es el que posibilita la existencia de la autoridad legítima del Estado, así como el funcionamiento de una ciudadanía que asume responsabilidades y cuenta con derechos elementales que le deben ser garantizados.
En esa lógica debe entenderse la enorme amenaza que constituyen los niveles de violencia que estamos presenciando en nuestro país; más aún cuando esta violencia es relativamente atípica en el conjunto de las amenazas que tradicionalmente enfrentaba el Estado.
No se trata estrictamente de una amenaza en contra de nuestra soberanía; no es tampoco un intento de subversión del orden político mediante la lucha armada; no es sólo un asunto de crímenes y delitos del orden común. La lucha que hoy está enfrentando el Estado mexicano es en contra de grupos de crimen organizado cuyos recursos han conducido a la formación de células criminales con la “audacia” de enfrentar y retar incluso a nuestras Fuerzas Armadas.
Las ejecuciones están presentándose en todas partes y no hay entidad de la República en que no se hayan realizado ya actos alarmantes, incluso nunca antes vistos en pequeñas ciudades y localidades, producto del enfrentamiento, ya bien entre grupos de narcotraficantes o bien entre las fuerzas del orden y los grupos criminales.
Esta presencia generalizada de la violencia y el crimen es inédita, también, en el sentido de que su expansión obedece a dos fenómenos, los cuales nos alertan de que nuestro tejido social se está desgarrando en muchos de sus vínculos elementales, lo que debe llevarnos a la consideración de la otra parte de esta crisis: la demanda de estupefacientes y drogas de todo tipo.
Por una parte, el crecimiento acelerado del consumo de sustancias adictivas no se ha podido contener, y la edad de inicio en el uso o el abuso de drogas sigue disminuyendo alarmantemente. Esto implica una cada vez mayor demanda y, con ello, una creciente red de distribución “al menudeo” que ha llevado a personas que, muchas sí por la carencia económica, pero muchas más simplemente en el afán de obtener mayores recursos, han decidido vender droga a sus vecinos jóvenes la mayoría de ellos y que en muchos casos pueden ser sus familiares o hijos de conocidos de toda la vida.
La existencia de las llamadas “narcotienditas” habla de la impunidad y la corrupción existente en todos los niveles y órdenes del gobierno y de la ruptura de los vínculos sociales de protección y cuidado mutuo de las personas.
En este tema debe reconocerse que existe una nueva generación de drogas de diseño, de alto costo y accesibles sólo a los grupos de mayores ingresos y son éstos los que poseen mayores capacidades de corromper y de favorecer, a través del consumo, el crecimiento de la impunidad, la corrupción y la violencia social.
Del otro lado están los deudos de los policías y mandos policiacos que literalmente se están jugando todo en esta lucha. Con ellos, el Estado debe ser profundamente solidario y se requiere hoy dar mucho mayores garantías de protección, seguridad social e ingresos mínimos para sus familiares.
Detrás de todo esto, comienza a percibirse una sensación generalizada de miedo. Y no hay nada más peligroso para una democracia o un orden político que la población asuma que sus gobiernos son incapaces de garantizarles lo mínimo exigible: seguridad y estabilidad jurídica que dé certidumbre para el bienestar y el desarrollo social.
El miedo en las sociedades puede llevar a regresiones autoritarias que, a la luz de la experiencia histórica, nunca han traído beneficios sino sólo para quienes detentan el poder o buscan actuar al margen del Estado y de sus leyes.
Por todo lo anterior, hoy más que nunca urge incorporar a todas las políticas sociales, instrumentos que promuevan y generen la cohesión de la sociedad, ofrecer mayor certidumbre a nuestros jóvenes, incrementar los niveles de confianza y solidaridad entre las personas y contribuir a proteger con todo ello a nuestro aún frágil régimen democrático.
martes, 6 de mayo de 2008
lunes, 5 de mayo de 2008
¿Una nueva política social?
Mario Luis Fuentes
Lunes 05 de mayo de 2008
El gobierno federal ha anunciado una nueva estrategia para agrupar sus programas sociales, bajo un “paraguas” comunicativo que busca sobre todo darle mayor presencia y visibilidad pública a los programas con que hoy ya cuenta, a los cuales añadirá algunas acciones complementarias para intentar llegar a quienes hoy no reciben ninguno o limitados apoyos públicos.
Aún cuando es de destacarse el hecho de que esta nueva estrategia parte del reconocimiento de que los programas federales están desarticulados, y que es necesario integrarlos para lograr una mejor focalización y alcance de los recursos destinados al combate a la pobreza, no se alcanzan a distinguir en los anuncios hechos, los mecanismos de coordinación e integración de la enorme oferta de programas que existen en lo social, y que van desde las transferencias monetarias a los más pobres, hasta recursos y estímulos a la producción agrícola, la capacitación para el empleo, y en general todos los programas dirigidos a la generación del bienestar de la población.
Debe destacarse demás que, aún cuando la nueva estrategia del gobierno plantea la vinculación de la política social con la económica, no logra articular una propuesta clara para enfrentar las profundas desigualdades que existen en nuestro país, lo cual implicaría como base una reforma fiscal y laboral que permita contar con los recursos para la reconstrucción de un Estado social capaz de garantizar redes de protección permanentes para todos.
A ello habría que agregar que la nueva estrategia social anunciada no asume que en los últimos 10 años se han generado programas propios en las 32 entidades y en los municipios más grandes del país, los cuales se han generado desde distintas visiones y perspectivas, y con los que se busca en casi todos los casos transferir recursos económicos para enfrentar limitadamente riesgos y circunstancias de vulnerabilidad, y con los que se busca diseñar identidades y clientelas y políticas locales.
Esta estrategia deberá abordar el reto sobre cómo articular los recursos del gobierno federal, con este “mosaico” de propuestas locales, que sin duda abonan a la dispersión y la descoordinación de los programas sociales, y que obligan a superar la cuestión de cómo orientar y darle sentido a la acción que se realiza para atender a los más pobres, desde los tres órdenes de gobierno.
En este contexto, debe reconocerse que a seis meses de que inicie formalmente un nuevo año electoral, cualquier movimiento o decisión que implique tocar o darle mayor visibilidad a los programas sociales, lleva a la generación de sospechas sobre la posibilidad de que la intención del gobierno sea potenciar la rentabilidad política de los programas y acciones que tiene la responsabilidad de operar.
A estas dificultades debe agregarse el hecho de que la violencia generalizada que se vive en todo el país está afectando hábitos, costumbres y percepciones sobre las relaciones sociales; y que la presencia policiaca y de efectivos del ejército patrullando ciudades, calles y carreteras puede alterar capacidades para la participación, la organización y la cooperación de las personas.
Esta nueva estrategia gubernamental deberá asumir que hay fenómenos como la migración, que obligan a pensar en nuevos esquemas y reglas de operación de los programas de transferencias monetarias; sobre todo en la definición de criterios para definir tiempos para la permanencia, ingreso y exclusión de sus beneficiarios.
Otro de los retos que enfrentará esta estrategia es el enorme peso burocrático-sindical existente en las principales dependencias responsables de la garantía de los derechos sociales, lo que vuelve sumamente complicado, en su operación, el desarrollo de mecanismos de convergencia, suma de recursos y de capacidades para potenciar la presencia y los beneficios que pueden generarse en el despliegue de los programas sociales.
Finalmente, en el fondo de esta discusión sobre lo social lo que se encuentra es el debate no abordado suficientemente sobre los arreglos políticos fundamentales que nos dan cohesión y sentido de nación, los cuales, lamentablemente, parece que están pensándose sólo en función de los probables resultados electorales del 2009 y no de las ingentes necesidades que existen en el país.
México requiere de la reconstrucción de nuestros principales pactos, lo cual requiere de consensos políticos previos de alcances mayores, que nos lleven a la redefinición de las estructuras jurídicas, políticas e institucionales que nos han impedido hasta hoy superar la desigualdad.
El gobierno federal ha anunciado una nueva estrategia para agrupar sus programas sociales, bajo un “paraguas” comunicativo que busca sobre todo darle mayor presencia y visibilidad pública a los programas con que hoy ya cuenta, a los cuales añadirá algunas acciones complementarias para intentar llegar a quienes hoy no reciben ninguno o limitados apoyos públicos.
Aún cuando es de destacarse el hecho de que esta nueva estrategia parte del reconocimiento de que los programas federales están desarticulados, y que es necesario integrarlos para lograr una mejor focalización y alcance de los recursos destinados al combate a la pobreza, no se alcanzan a distinguir en los anuncios hechos, los mecanismos de coordinación e integración de la enorme oferta de programas que existen en lo social, y que van desde las transferencias monetarias a los más pobres, hasta recursos y estímulos a la producción agrícola, la capacitación para el empleo, y en general todos los programas dirigidos a la generación del bienestar de la población.
Debe destacarse demás que, aún cuando la nueva estrategia del gobierno plantea la vinculación de la política social con la económica, no logra articular una propuesta clara para enfrentar las profundas desigualdades que existen en nuestro país, lo cual implicaría como base una reforma fiscal y laboral que permita contar con los recursos para la reconstrucción de un Estado social capaz de garantizar redes de protección permanentes para todos.
A ello habría que agregar que la nueva estrategia social anunciada no asume que en los últimos 10 años se han generado programas propios en las 32 entidades y en los municipios más grandes del país, los cuales se han generado desde distintas visiones y perspectivas, y con los que se busca en casi todos los casos transferir recursos económicos para enfrentar limitadamente riesgos y circunstancias de vulnerabilidad, y con los que se busca diseñar identidades y clientelas y políticas locales.
Esta estrategia deberá abordar el reto sobre cómo articular los recursos del gobierno federal, con este “mosaico” de propuestas locales, que sin duda abonan a la dispersión y la descoordinación de los programas sociales, y que obligan a superar la cuestión de cómo orientar y darle sentido a la acción que se realiza para atender a los más pobres, desde los tres órdenes de gobierno.
En este contexto, debe reconocerse que a seis meses de que inicie formalmente un nuevo año electoral, cualquier movimiento o decisión que implique tocar o darle mayor visibilidad a los programas sociales, lleva a la generación de sospechas sobre la posibilidad de que la intención del gobierno sea potenciar la rentabilidad política de los programas y acciones que tiene la responsabilidad de operar.
A estas dificultades debe agregarse el hecho de que la violencia generalizada que se vive en todo el país está afectando hábitos, costumbres y percepciones sobre las relaciones sociales; y que la presencia policiaca y de efectivos del ejército patrullando ciudades, calles y carreteras puede alterar capacidades para la participación, la organización y la cooperación de las personas.
Esta nueva estrategia gubernamental deberá asumir que hay fenómenos como la migración, que obligan a pensar en nuevos esquemas y reglas de operación de los programas de transferencias monetarias; sobre todo en la definición de criterios para definir tiempos para la permanencia, ingreso y exclusión de sus beneficiarios.
Otro de los retos que enfrentará esta estrategia es el enorme peso burocrático-sindical existente en las principales dependencias responsables de la garantía de los derechos sociales, lo que vuelve sumamente complicado, en su operación, el desarrollo de mecanismos de convergencia, suma de recursos y de capacidades para potenciar la presencia y los beneficios que pueden generarse en el despliegue de los programas sociales.
Finalmente, en el fondo de esta discusión sobre lo social lo que se encuentra es el debate no abordado suficientemente sobre los arreglos políticos fundamentales que nos dan cohesión y sentido de nación, los cuales, lamentablemente, parece que están pensándose sólo en función de los probables resultados electorales del 2009 y no de las ingentes necesidades que existen en el país.
México requiere de la reconstrucción de nuestros principales pactos, lo cual requiere de consensos políticos previos de alcances mayores, que nos lleven a la redefinición de las estructuras jurídicas, políticas e institucionales que nos han impedido hasta hoy superar la desigualdad.
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