Impulsar una reforma social

Excélsior, 28/07/2014

El gobierno federal ha logrado construir acuerdos políticos para impulsar las reformas que forman parte de su agenda estratégica. La lógica parece ser: impulsar cambios estructurales en el ámbito económico, bajo el supuesto de que éstos van a generar empleos y mayores capacidades para superar la pobreza y propiciar mayor bienestar.

Si algo es deseable desde esta perspectiva es que la Presidencia aproveche lo que podría asumirse como un “ánimo reformador” en el país, y avanzar hacia un conjunto de reformas estructurales en el ámbito de lo social, de cara a la primera mitad de la administración.

Un proceso de esta naturaleza podría darle un nuevo marco de legitimidad ante el cuestionamiento reiterado, en distintos sectores sociales, académicos y políticos, respecto de que las reformas impulsadas no tienen otro propósito sino beneficiar a quienes más tienen.

Sobre todo, el gobierno podría acreditar que su principal interés está de verdad del lado de la mayoría de la población; es decir, mostraría fehacientemente que hay una conciencia real de que las reformas económicas no van a propiciar por sí mismas la creación de empleos o la superación de la pobreza.

Lo anterior quiere decir que si bien transformar la realidad económica es una condición necesaria para reconstruir al mercado interno y recuperar la capacidad de crear empleos formales; no es una condición suficiente para el bienestar, por lo que es urgente avanzar hacia la reforma de lo social.

Quizá el primer paso que debe darse es la construcción de un sistema universal de salud, que permita homologar los estándares de calidad a los que puede aspirar la población en los servicios públicos, pero sobre todo, dar pleno cumplimiento del mandato constitucional de proteger a toda persona que así lo requiera.

Hace falta, además, cumplir con el “círculo de reformas” para fortalecer las capacidades estatales para la justicia social. Debe generarse la Ley orgánica del Coneval; y está en análisis un nuevo marco jurídico para la protección de los derechos de la niñez el cual, de aprobarse, obligaría a reformar el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada.

Otro de los lastres para el desarrollo es la constante malversación de los recursos públicos, por lo que urge recuperar la propuesta del presidente Peña de crear una gran institución para el combate a la corrupción, lo cual permitiría fortalecer a las recientes reformas en materia de transparencia.

Hace falta construir un proceso de transformación del marco jurídico de lo social, pues en los últimos años se han generado nuevas responsabilidades, pero no necesariamente nuevas capacidades institucionales para cumplirlas; esto hace necesario revisar el entramado institucional para lo social y valorar si efectivamente la estructura por sectores, funcional al modelo de gobierno del siglo XX, sigue siendo pertinente ante la complejidad del siglo XXI.

Hace falta construir un verdadero sistema nacional de protección a las víctimas; así como perfeccionar las legislaciones para combatir flagelos específicos como la trata de seres humanos.

Es mucho lo que está pendiente; y si algo es importante reconocer es que, tal y como está ahora, el entramado institucional está provocando un importante déficit de estatalidad, pues no cuenta con los recursos y capacidades para cumplir con el mandato constitucional y legal, por lo que si habrá de impulsarse más reformas, éstas deben ser en el ámbito de los social.

*Investigador del PUED-UNAM

Twitter: @ML_Fuentes