Impulsar una reforma social

Excélsior, 28/07/2014

El gobierno federal ha logrado construir acuerdos políticos para impulsar las reformas que forman parte de su agenda estratégica. La lógica parece ser: impulsar cambios estructurales en el ámbito económico, bajo el supuesto de que éstos van a generar empleos y mayores capacidades para superar la pobreza y propiciar mayor bienestar.

Si algo es deseable desde esta perspectiva es que la Presidencia aproveche lo que podría asumirse como un “ánimo reformador” en el país, y avanzar hacia un conjunto de reformas estructurales en el ámbito de lo social, de cara a la primera mitad de la administración.

Un proceso de esta naturaleza podría darle un nuevo marco de legitimidad ante el cuestionamiento reiterado, en distintos sectores sociales, académicos y políticos, respecto de que las reformas impulsadas no tienen otro propósito sino beneficiar a quienes más tienen.

Sobre todo, el gobierno podría acreditar que su principal interés está de verdad del lado de la mayoría de la población; es decir, mostraría fehacientemente que hay una conciencia real de que las reformas económicas no van a propiciar por sí mismas la creación de empleos o la superación de la pobreza.

Lo anterior quiere decir que si bien transformar la realidad económica es una condición necesaria para reconstruir al mercado interno y recuperar la capacidad de crear empleos formales; no es una condición suficiente para el bienestar, por lo que es urgente avanzar hacia la reforma de lo social.

Quizá el primer paso que debe darse es la construcción de un sistema universal de salud, que permita homologar los estándares de calidad a los que puede aspirar la población en los servicios públicos, pero sobre todo, dar pleno cumplimiento del mandato constitucional de proteger a toda persona que así lo requiera.

Hace falta, además, cumplir con el “círculo de reformas” para fortalecer las capacidades estatales para la justicia social. Debe generarse la Ley orgánica del Coneval; y está en análisis un nuevo marco jurídico para la protección de los derechos de la niñez el cual, de aprobarse, obligaría a reformar el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada.

Otro de los lastres para el desarrollo es la constante malversación de los recursos públicos, por lo que urge recuperar la propuesta del presidente Peña de crear una gran institución para el combate a la corrupción, lo cual permitiría fortalecer a las recientes reformas en materia de transparencia.

Hace falta construir un proceso de transformación del marco jurídico de lo social, pues en los últimos años se han generado nuevas responsabilidades, pero no necesariamente nuevas capacidades institucionales para cumplirlas; esto hace necesario revisar el entramado institucional para lo social y valorar si efectivamente la estructura por sectores, funcional al modelo de gobierno del siglo XX, sigue siendo pertinente ante la complejidad del siglo XXI.

Hace falta construir un verdadero sistema nacional de protección a las víctimas; así como perfeccionar las legislaciones para combatir flagelos específicos como la trata de seres humanos.

Es mucho lo que está pendiente; y si algo es importante reconocer es que, tal y como está ahora, el entramado institucional está provocando un importante déficit de estatalidad, pues no cuenta con los recursos y capacidades para cumplir con el mandato constitucional y legal, por lo que si habrá de impulsarse más reformas, éstas deben ser en el ámbito de los social.

*Investigador del PUED-UNAM

Twitter: @ML_Fuentes

La niñez y la debilidad del Estado

Excélsior, 21/07/2014

En México operan decenas, quizá cientos de casas hogar similares al albergue La Gran Familia, recientemente intervenido judicialmente por la denuncia de presuntos delitos en contra de las niñas y niños que estaban bajo su resguardo.

Se trata de numerosos establecimientos que se organizan y administran, más con base en la voluntad individual y lo que se considera “educación tradicional”, que con base en protocolos apegados a lo que establecen las leyes y las normas oficiales en la materia.

Sin duda alguna, nada puede justificar que se cometan abusos u otras violaciones a los derechos de las niñas y los niños; por el contrario, lo exigible es que en los ámbitos privado y público siempre se ponga por delante el cumplimiento del principio del interés superior de la niñez.

Para una nación en la que se aspira a tener un estado de bienestar generalizado, no es válido argumentar que se pueden violar o incumplir varios derechos en aras de proteger otros; es decir, no es válido decir que se utiliza la violencia como método de educación, a cambio de dar un techo y relativa alimentación a niñas y niños desprotegidos o en situación de abandono.

En medio del debate que se ha generado sobre este tema, lo que debe comprenderse es que no vamos a resolver nuestros problemas estructurales a golpe de “chivos expiatorios”. Es decir, no se puede construir una sociedad para la paz cuando la única salida que tenemos para nuestros problemas es el uso de la fuerza judicial.

Si algo nos revela este caso es el profundo abandono del Estado respecto de la asistencia social. La ley establece que es el Estado quien debe ejercer la rectoría en esa materia, pero las instituciones responsables no cuentan con los instrumentos necesarios para ejercerla. Por ejemplo, aun cuando el Sistema DIF tiene facultades de supervisión respecto de las instituciones de asistencia social, no tiene facultades para orientar, corregir y, en su caso, sancionar a los establecimientos en los que se prestan servicios asistenciales.

La cuestión de fondo es: ¿Cuántas casas hogar y asilos para adultos mayores operan en circunstancias similares?, ¿cuántos centros de tratamiento y rehabilitación de adicciones?, ¿cuántas casas hogar y centros de atención a niñas, niños y adultos con alguna discapacidad?

Nos vamos a engañar una vez más si asumimos que este tema se trata de una discusión en torno a la solvencia ética de Rosa del Carmen Verduzco; antes bien, lo que debería asumirse como una cuestión urgente es cómo darle una nueva vitalidad al sistema nacional de asistencia social, pública y privada, y cómo construir un sistema nacional de protección a la niñez.

En una sociedad llena de violencia, corremos el riesgo de convertir todos nuestros asuntos en un tema de persecución criminal, y ese no es definitivamente el camino para construir una cultura para la paz y la solidaridad.

Estamos ante el reto de fortalecer nuestras instituciones para cumplir con el mandato constitucional de garantizar plenamente el vasto catálogo de derechos humanos que hoy nos han sido reconocidos. Si fallamos en esa tarea, continuaremos viviendo en un déficit permanente de estatalidad; es decir, seguiremos atrapados en la absurda situación de tener un Estado que no es capaz de cumplir los mandatos que se da a sí mismo. 

*Investigador del PUED - UNAM

Twitter: @ml_fuentes

¿Qué significa ser analfabeta?

Excélsior, 14/07/2014

Imaginemos por un momento no tener la capacidad ni de leer ni de escribir. Es un ejercicio sumamente difícil porque, explican los neurolingüistas, una vez que se aprende a leer y a escribir toda la estructura de nuestra mente se transforma; literalmente, ahora pensamos de manera distinta a quien no cuenta con esta capacidad. 

Leer y escribir nos permiten, sobre todas las cosas, tener la posibilidad de aprender más, pero también de manera progresiva y acumulativa. Potencia nuestra memoria, pero también nuestras capacidades de abstracción y generación de nuevo saber a partir de lo aprendido.

Leer y escribir permiten, además, mejorar nuestras capacidades sensitivas, en el sentido más amplio del término; pero además, aunque parezca sorprendente, la ciencia nos ha enseñado que también se incrementan nuestras capacidades para sentir; de ahí que haya quien afirma que después de leer poesía una persona no se vuelve a enamorar igual.

Desde hace años, el rector de la UNAM, el doctor José Narro, ha hecho énfasis en el llamado a erradicar el analfabetismo. Su argumento es incuestionable: no hay argumento ético ni técnico que permita justificar que en México haya millones de personas que no saben leer ni escribir.

De acuerdo con los datos oficiales, al cierre de 2013 habría 4.73 millones de personas mayores de 15 años en condición de analfabetismo; a ello debe agregarse que en total hay 31.78 millones de personas en el mismo rango de edad que se encuentran en condición de rezago educativo, es decir, no han concluido los estudios de secundaria.

Debe decirse que en esta administración se han tenido dos aciertos de la mayor relevancia: el primero, el haber reconocido que en México hay millones de personas que viven con hambre y que es urgente actuar al respecto; el segundo, el haber fijado como meta sexenal reducir a la mitad el número de personas analfabetas al finalizar el sexenio.

El esfuerzo que debe llevarse a cabo es mayor, pues implica diversas acciones: profesionalizar a las y los alfabetizadores, desarrollar nuevas currículas con base en criterios de pertinencia y orientados al desarrollo del aprendizaje en personas adultas. También será necesario generar alianzas interinstitucionales para que la tarea de la alfabetización motive a las personas a matricularse en primaria, y sobre todo, para vincular las labores pedagógicas con otros programas sociales.

Alfabetizar a más de 2.3 millones de personas en cinco años va a requerir una intensa movilización social, pero también capacidad de imaginación institucional porque no debe olvidarse que también hay, según los datos del censo de 2010, alrededor de 450 mil niñas y niños entre 8 y 14 años que no saben leer ni escribir. 

Para ellos hay que generar nuevas alternativas de escolarización y brindarles todo el apoyo institucional posible: becas, apoyo para la adquisición de útiles escolares y uniformes, apoyos alimentarios y su incorporación a los programas de desarrollo social, fundamentalmente Oportunidades y Seguro Popular. 

Abatir el hambre y la ignorancia formaba parte de los anhelos enarbolados por José María Morelos hace 200 años. La deuda histórica sigue ahí; el reto, por lo tanto, se encuentra en pasar a la acción, al acuerdo político con altura de miras, y al fortalecimiento de un Estado al que le urge ser transformado en un nuevo entramado jurídico e institucional para la justicia y el bienestar.

*Investigador del PUED-UNAM

Twitter: @ml_fuentes

El ébola y las epidemias posibles

Excélsior, 07/07/2014

El ébola y las epidemias posibles El ébola es un virus que causa una fiebre hemorrágica severa que puede provocar la muerte, tanto de animales como de personas. Los primeros registros de su existencia provienen de la década de los 70, en el siglo pasado, y se tiene como punto de origen la República Democrática del Congo.

Al inicio de este mes de julio se han registrado ya casi 500 muertes en tres países africanos, en donde ha aparecido un nuevo brote de esta enfermedad, lo cual nos debe recordar que, a pesar de todo lo que se haga, la posibilidad de que seamos afectados por un brote epidémico está siempre latente.

La aparición del virus A H1N1, en el verano de 2009, nos enseñó lo lejos que estamos de tener la capacidad para hacer frente a una epidemia con capacidades letales a una escala masiva. De manera afortunada, este virus no resultó ser lo agresivo que parecía en un principio; sin embargo, su aparición nos reveló que no contamos con las vacunas ni medicamentos necesarios ni suficientes para hacer frente a una situación así.

A los nuevos virus, deben agregarse los que ya se encuentran entre nosotros y cuyo comportamiento y presencia se está modificando como resultado del cambio climático. El dengue, por ejemplo, es una enfermedad cuya presencia en el centro del país era impensable hace diez años; no obstante, ante el incremento de la temperatura promedio en el país, hoy están teniendo que tomarse medidas de prevención en los estados del Centro-Occidente; amén de los problemas que implica para las zonas calurosas y tropicales, más aún cuando son afectadas por fenómenos meteorológicos.

Las y los científicos de todo el mundo nos han alertado desde hace varios años acerca de que estamos en lo que consideran el umbral de posibilidad de una nueva epidemia global de proporciones mayores, muy probablemente por un nuevo virus de influenza o por la mutación de alguno de los ya existentes.

Frente a esta posibilidad, lo que debe considerarse es que son siempre las personas que viven en condiciones de pobreza quienes son afectadas con una severidad y profundidad mayores; de hecho, casi siempre los primeros enfermos y muertos aparecen entre ellos, no sólo por las condiciones que les rodean, sino porque carecen de acceso a servicios médicos y tratamiento adecuado.

Otra de las lecciones que nos dejó el brote de A H1N1 en 2009 es que en realidad no hay ningún virus lejano; es decir, debido a la interconexión planetaria, la velocidad de los transportes y los múltiples contactos que se dan entre personas que se mueven de un lado al otro del mundo, los virus y las bacterias han adquirido los medios de transporte más acelerados con que habían contado en la historia.

Los análisis de las y los expertos en salud pública y epidemiología nos dicen que la velocidad de propagación que tienen las enfermedades en nuestros días es inédita y, en ese sentido, los retos más importantes se encuentran en el desarrollo de capacidades de prevención y de hábitos saludables que permitan inhibir o al menos reducir la posibilidad de contagio.

Vivimos en una sociedad global, interconectada en todos los sentidos; y es en ese contexto en el que deben planearse y diseñarse todas nuestras políticas y acciones para el cuidado y atención de la salud.

*Investigador del PUED-UNAM