Las prioridades de 2015

Excélsior, 12 de enero de 2015

¿Cuál es la lógica, el método o la racionalidad con base en las cuáles se determinan las prioridades públicas en México? La pregunta es pertinente, sobre todo cuando inicia un nuevo año fiscal, como es el caso cada mes de enero en nuestro país. En nuestro sistema democrático, la discusión sobre la transparencia y la rendición de cuentas se ha centrado en garantizar acceso a la información pública y la auditoría del ejercicio presupuestal; sin embargo, esto no es suficiente a la luz de los intereses creados y la dinámica de corrupción que se ha instalado en, prácticamente, todos los órdenes de gobierno.

Lo anterior porque puede darse el caso de que, en un escenario ideal, los gobiernos podrían rendir cuentas y ejercer los recursos de manera eficiente, aun con ello, el juego democrático no estaría garantizado, porque desde la ciudadanía no tendríamos claro cuáles son los mecanismos desde los cuales se definieron las prioridades de inversión, de cobertura de los programas, de ampliación de la

infraestructura, y un largo etcétera.

Por ejemplo, ahora que hay una nueva presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos el derecho de saber cuáles son los principios y criterios desde los cuales se definirán las acciones para atender lo urgente (la implementación del nuevo sistema de justicia penal en el país); así como lo estructural, que no debería consistir en otra cosa sino en garantizar que la justicia se convierta en uno de los bienes sociales realmente garantizados para toda la población.

Por otro lado, sabemos relativamente lo suficiente de los presupuestos con que cuentan los estados y los municipios; pero poco sabemos de sus planes de desarrollo y si, de verdad, éstos sirven para guiar la acción y las inversiones públicas; una vez más, pensando en lo local, desconocemos casi todo respecto del sistema de determinación de las prioridades, sobre todo ante un escenario de posible recorte presupuestal en este 2015.

¿Cuáles son las prioridades legislativas de este año, en medio del complejo proceso electoral que está en marcha? Sabemos que las bancadas se reúnen antes de iniciar el periodo ordinario de sesiones, y determinan sus agendas; pero una vez más ¿cómo las procesan a su interior? ¿Es con base en acuerdos y compromisos de grupo y empresariales, o de verdad hay un ejercicio crítico entre parlamentarios en aras de defender el interés nacional?

De continuar la caída de los precios del petróleo y entrar en un periodo de turbulencia, será urgente replantear la estrategia de cobertura universal de salud, generación de empleos y garantía de ingresos mínimos a los más pobres. Por todo ello, el combate a la corrupción que tanto se ha exigido pasa por la revisión de los sistemas y esquemas de toma de decisiones, porque es lo que está en la base de las componendas y el desvío de los recursos públicos.

Debemos comprender que si hay moches y mordidas, se debe a que las prioridades públicas siguen definiéndose con criterios alejados de toda norma y sentido ético. Y eso es lo que urge poner en la base del nuevo sistema anticorrupción: mecanismos de control sobre la determinación de las prioridades y las acciones que deben ponerse en marcha para el bienestar y la plena garantía de los derechos humanos.

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