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lunes, 2 de febrero de 2015

Proteger al empleo

Excélsior, 2 de febrero de 2015

El Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza, construido trimestralmente por el Coneval, muestra que entre los años 2005 y 2014, el valor real de los ingresos laborales, deflactados respecto de los precios de la canasta alimentaria, ha caído en al menos 25%.

De acuerdo con los datos de la Secretaría del Trabajo, el salario promedio diario de las y los cotizantes al IMSS se ha incrementado, entre 2009 y 2014, en únicamente 17.8%, al haber pasado de 231.63 pesos promedio en el primer año de referencia, a 282.09 en diciembre de 2014. Esto implica un crecimiento promedio de 10 pesos totales cada año.

Asimismo, en los últimos tres años, no se ha logrado reducir el porcentaje de trabajadores eventuales respecto del total de trabajadores asegurados; en efecto, entre los años 2012 y 2014, los trabajadores eventuales han representado 14% del total de las y los cotizantes a la seguridad social.

El INEGI informa que al cierre del tercer trimestre de 2014, 27.17% de la población ocupada se encuentra en el sector informal, lo cual implica una cifra de alrededor de 14 millones de personas; mientras que 58.09% se encuentra en condiciones de informalidad laboral.

Todos estos datos permiten sostener que si algo es urgente frente a las acciones que se están emprendiendo para fortalecer a la macroeconomía, ante la caída de los precios del petróleo, es proteger al empleo; de hecho, el Gobierno Federal debería asumir la lógica que se ha impulsado en otras latitudes: es un error desaprovechar los momentos de crisis para impulsar medidas audaces con el fin de generar cambios estructurales.

Desde esta perspectiva, si hay un tema que debería asumirse a plenitud es el relativo a la reestructuración de los sistemas de protección del ingreso de las familias, y sobre todo, modificar las políticas dirigidas a promover la creación de empleos, tomando como eje de articulación de todas la acciones públicas, la categoría del empleo digno.

De acuerdo con el Coneval, si hay un factor que ha impedido que tengamos avances sustantivos en la reducción de la pobreza y la desigualdad, éste es el relacionado con la fractura en el mundo del empleo: no hay forma de reducir significativamente ni el número ni el porcentaje de personas en condiciones de pobreza, si antes no se crean empleos que ofrezcan trabajos remuneradores y que den acceso a seguridad social.

Se necesita, con la misma relevancia, elevar de inmediato el salario mínimo general, pero también los salarios mínimos profesionales, con el propósito de avanzar gradual, pero aceleradamente, hacia la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y cumplir con el precepto constitucional en la materia.

El otro asunto prioritario es iniciar, desde ya, la reforma pendiente al sistema de salud, en lo relativo a la construcción de un sistema de cobertura universal, gratuito y con la capacidad de incrementar la calidad de los servicios de manera progresiva.

Reducir la desigualdad, por su parte, exige del rediseño de los mecanismos de distribución de la riqueza, lo cual implica acciones de cambio político, económico e institucional de gran calado, pues, en el fondo, alterar las relaciones de desigualdad supone modificar las relaciones de poder; asunto imposible si no existe la voluntad y la generosidad política para construir el país incluyente y equitativo que merecemos ser.

*Investigador del PUED-UNAM
@ML_fuentes